Las 1.000 viviendas: se acaba el tiempo

Las 1.000 viviendas estaban destinadas a lograr que mil jóvenes de Tres Cantos pudieran quedarse a vivir, con sus circunstancias -pareja, hijos, …- en nuestra ciudad. Al menos, eso nos vendieron desde el Ayuntamiento. Pero desde el primer minuto -hace 10 años- hubo patrañas, engaños, apoyos espurios a empresas, dejación de responsabilidades, …


Los sucesivos equipos de gobierno se han cubierto de “gloria”. Cediendo la gestión de una promoción pública a una constructora privada. Utilizando una parcela, que originalmente no estaba destinada a vivienda por las afecciones del ruido del AVE. Obviando que las 1.000 no cabían en la parcela escogida -no tenía suficiente edificabilidad- y tenían que ser más pequeñas de lo anunciado. Permitiendo que FCC esperase, con malas excusas, el cambio de módulo (casi dos años sin hacer nada), para que subiese el alquiler y el precio de venta casi un 50%. Obviando qué, con la crisis, la vivienda libre empezó a bajar, mientras estas -supuestamente protegidas- mantenían un alto precio. Mirando a otro lado cuando FCC decidió -para hacer caja- malvender (72.000 € cada una) a un fondo de inversiones norteamericano -uno de los llamados “fondos buitre”- las viviendas.
Muchos pedimos que el Ayuntamiento hubiese ejercitado la opción de compra, como representante o intermediario de muchos jóvenes que hubiesen comprado a un precio bajo, pudiendo el Ayuntamiento haberse hecho cargo del sobrante, para dedicarlo al alquiler social. Pero el Alcalde no quiso impedir al fondo Fidere/Blackstone hacer un negocio tan espectacular: compran en 72.000 €, alquilan por unos 6 o 7mil euros al año y, si el inquilino quiere optar a la compra, tiene que desembolsar unos 180.000 €. Eso no es un negocio normal, debería estar prohibido especular de esa manera ¿o no?
Ahora se acaba el tiempo, los inquilinos deben ejercer su derecho de compra en diciembre a un precio abusivo, prácticamente por encima del precio de mercado. Aunque va a ser muy complicado que muchos compren, teniendo en cuenta que los bancos no tienen por qué aceptar el valor que marca Fidere. Así se lo explicó el Director General de la Vivienda de la Comunidad de Madrid a las representantes de la “Asociación las 1.000 del Nuevo Tres Cantos” que se entrevistaron con él recientemente. Para entendernos, si el Banco tasa las viviendas en 120.000 € (que puede que sea en menos), la hipoteca que ofrecerá será de menos de 100.000 € y, el resto más los gastos lo tendrá que aportar el inquilino/comprador. ¿Cuántos disponen de esa cantidad?
Quienes no quieran o no puedan comprar, si quieren seguir en alquiler, deberán aceptar las nuevas condiciones que marque Fidere, ya que desde ese momento la vivienda deja de ser “protegida” y pasa a ser “libre”. El fraude a nuestros jóvenes y, por ende, a todos los vecinos, se completa.
El Alcalde ha comprometido hace más de un mes, una reunión de representantes de los afectados, con presencia de todos los grupos municipales, con una representación de Fidere. De momento ha pospuesto la reunión hasta septiembre.
Recientemente, el domingo día 2, se ha producido una Asamblea multitudinaria de inquilinos. Sus reivindicaciones son claras. La primera, modificar el precio de venta, cambiando el coeficiente corrector (la Comunidad de Madrid tiene capacidad legal para hacerlo), lo que dejaría el precio final en unos 120.000 €. Para los que no quieran o no puedan ejercer el derecho de compra, mantenimiento del alquiler actual sin modificación durante, al menos, 5 años.
Son reivindicaciones razonables que todos -¡¡todos, señores del PP!!- debemos apoyar. Las negociaciones con Fidere deben ser muy firmes. Los inquilinos deben mostrarse más unidos y combativos que nunca, so pena de enfrentarse a un ‘problemón’ o quedarse en la calle.
Por nuestra parte, insistimos: si no llegamos a un acuerdo razonable y satisfactorio, si gobernamos tras las próximas elecciones, utilizaremos todas las armas legales a nuestro alcance para defender a nuestros vecinos. Incluyendo, si es legalmente posible, la expropiación forzosa por el interés general, pagando desde el Ayuntamiento a los propietarios, el justiprecio que marquen los tribunales.

Pedro Ayala - Concejal de Ganemos 3C

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