ACOSO SEXUAL EN EL TRABAJO

El concepto de acoso sexual (en adelante AS) surge alrededor de los años 70 dentro del marco del pensamiento feminista. Se trata de una conducta de carácter sexual que sea indeseada, no bienvenida y no solicitada que en realidad constituye una demostración de poder cuyo objetivo es intimidad, coaccionar o humillar a otro/a trabajador/a. Puede consistir en conducta física, verbal y no verbal.

Se trata de una forma de violencia que atenta contra derechos fundamentales como son el Derecho a la Intimidad (art. 18.1 de la Constitución Española), el Derecho a la Dignidad (art. 10 CE) y el Derecho de Igualdad ( art. 14 CE) entre otros. En el ámbito laboral, el art. 4.2 del Estatuto de los Trabajadores establece que “en la relación de trabajo, los trabajadores tienen derecho: e) Al respeto de su intimidad y a la consideración debida a su dignidad, comprendida la protección frente a ofensas verbales y físicas de naturaleza sexual…”.

Los estudios realizados en la UE reflejan que la mayor parte de situaciones de acoso sexual tienen como agresor a un varón y como víctima a una mujer. Se apoya en el sexismo y discriminación general de la mujer en el mundo laboral, en estereotipos de género que generan tolerancia social hacia las modalidades menos graves, falta de ética en las relaciones interpersonales, falta de normas laborales claras y en la precariedad laboral.

Cabe hablar de dos tipos de acoso: el chantaje sexual, realizado por un superior y en el que el rechazo o aceptación de determinada proposición se utiliza para fundamentar una determinada decisión relacionada con el empleo y condiciones de trabajo de la víctima, y el acoso sexual ambiental, que sería el realizado por compañeros de igual posición jerárquica en la empresa.

Como buena parte de los delitos contra la libertad sexual, tiene una elevada cifra negra u oculta por dos causas fundamentales. Una es el hecho de que se produzca con cierto grado de intimidad, lo que lleva a que en ocasiones resulte complejo, si no imposible, reunir pruebas para perseguir a sus autores. La otra se deriva de los efectos disuasorios que suele generar en la víctima la amenaza de una eventual represalia laboral en caso de denunciar.

En este sentido, un informe de Eurofound, la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida en el Trabajo, sobre la violencia y el acoso en el lugar de trabajo en Europa revela cómo las denuncias de hostigamiento laboral y sexual (el porcentaje de quienes denuncian) tienen en España una tasa del 18% frente a una media del 30% en la UE, mientras en países como Irlanda y Reino Unido superan el 80%.

La víctima suele presentar muchas secuelas psicológicas como pérdida de autoestima, ansiedad, depresión, sentimientos de culpabilidad, trastornos psicosomáticos como fatiga, insomnio, pesadillas, jaquecas, problemas digestivos y cutáneos, etc.

Ante el acoso sexual, la víctima puede actuar en vía laboral, pidiendo a la empresa la investigación y cese de la conducta, a través de la adopción de medidas idóneas, o denunciar en vía penal.

El Código Penal castiga con hasta cinco meses de prisión o multa a quien provoque “una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante” a otra persona a la que, “en el ámbito de una relación laboral, docente o de prestación de servicios, continuada o habitual”, le reclame “favores de naturaleza sexual”. La pena de cárcel puede llegar a siete meses, y la multa a 21.000 —de diez a catorce meses—, si el delincuente se aprovecha de su superioridad y amenaza a la víctima, ya sea explícitamente o mediante insinuaciones, con represalias laborales. La prisión puede llegar a un año en los casos de mayor gravedad, que se producen cuando quien sufre el acoso sufre indefensión por ser “especialmente vulnerable, por razón de su edad, enfermedad o situación”.

Como hace años ya se recogió en un Código de conducta de la Comisión Europea (1991), sería deseable que las empresas e instituciones establecieran Declaraciones de principios de rechazo a esta conducta, así como Procedimientos de actuación basados en la confidencialidad, asesoramiento y asistencia.

 PUNTO MUNICIPAL DEL OBSERVATORIO REGIONAL DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Compartir este artículo

Fernando Azor - Psicología

Felipe Gallego

Edición Impresa Actual