Martes 25 Septiembre 2018

COMUNICADO CONJUNTO DE LOS GRUPOS POLÍTICOS EN EL AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS EN RELACIÓN A LAS POSIBLES ACTUACIONES A REALIZAR EN LA RESIDENCIA PALACIO VALDÉS

  • Lunes, 10 Septiembre 2018 15:37
  • Escrito por  Redacción

El pasado mes de agosto, el Ayuntamiento de Madrid anunció su intención de ceder unas instalaciones de su propiedad situadas en Tres Cantos, para que CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) pudiese abrir un centro de acogida temporal de inmigrantes en colaboración con el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, ante la situación actual de Emergencia.

La finca, conocida como “La Paloma”, es un recinto situado en el término municipal de Tres Cantos (en el punto kilométrico 22,600 de la carretera M-607), fuera del casco urbano y con una única salida a la autovía de Colmenar. Pertenece al Ayuntamiento de Madrid desde 1941, donde se encuentra el edificio Armando Palacio Valdés (antigua residencia femenina).

En el planeamiento urbanístico municipal este espacio tiene registrado como uso principal o característico el de parque urbano y como único uso complementario el dotacional educativo, lo que impide el uso de alojamiento comunitario.

Ante esta situación, los grupos municipales han acordado por unanimidad, pedir los informes técnicos pertinentes para analizar las posibles soluciones planteadas en la Comisión de Personas.

En esta Comisión, todos los grupos han mostrado su predisposición a buscar un acuerdo que permita colaborar con el proyecto gubernamental y facilitar la comunicación con el Ayuntamiento de Madrid, siempre de acuerdo con la legislación.

Como administración local, el Ayuntamiento de Tres Cantos está obligado a velar por el cumplimiento de la normativa vigente. Una responsabilidad que no se puede eludir, ya que no quedaría garantizada la seguridad de las personas en las instalaciones y su entorno.

Como Ciudad Refugio, a raíz de la moción aprobada por unanimidad en septiembre de 2015, debemos garantizar nuestro apoyo a un proyecto que permita ordenar los recursos sociales del estado para que las migraciones hacia cualquier país de la Unión Europea sean lo más organizadas posibles y acordes a la Carta de Derechos Humanos.

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