Reflexiones de Soledad Murillo sobre lo que supuso la aprobación de la ley orgánica 1 2004 de 28 de Diciembre de medidas de protección integral frente a la violencia de género al cumplirse diez años

Cuando se estaba preparando la Ley Integral, de las consultas mantenidas con distintos profesionales, la queja unánime fue la falta de estructuras. Por ello, se crearon juzgados especializados, una fiscalía de violencia contra la mujer y unidades de violencia provinciales.

 

Cuando se estaba preparando la Ley Integral, de las consultas mantenidas con distintos profesionales, la queja unánime fue la falta de estructuras. Por ello, se crearon juzgados especializados, una fiscalía de violencia contra la mujer y unidades de violencia provinciales. El objeto de la ley se centró en los delitos cometidos dentro de las relaciones sentimentales, al entender que en ellas se reproducen situaciones de indefensión, especialmente cuando alguien pretende ejercer el poder en nombre del amor, disciplinando aptitudes que reclamen un mayor grado de autonomía personal, lo que se interpreta como una severa deslealtad a la pareja. Para muchas mujeres maltratadas, preservar su relación sentimental tendrá más peso que la salvaguarda de su propia dignidad, o el derecho de no pertenecer a nadie. De ahí que el promedio de convivencia antes de denunciar alcance los ocho años.

Antes de la ley, los Tribunales sólo hablaban de “violencia doméstica” y, como tal, no recogía aquellas jóvenes sin convivencia con el agresor, o las mujeres ya divorciadas aún amenazadas por sus exmaridos. Por otra parte, la sociedad sentía como injerencia interceder en los asuntos de pareja, por lo que la violencia seguía confinada a la intimidad de las relaciones.
La Ley se propuso cambiar este significado y dejar claro que la violencia no es un problema que afecte al ámbito privado. Por ello, se luchó por incluir el término “violencia de género”, respecto del cual la RAE emitió un informe considerándolo inútil. Pero la categoría género va mucho más allá del pronombre masculino y femenino. Y, sobre todo, resulta de gran utilidad en los procesos de violencia.
Soledad Murillo explica que, durante los encuentros mantenidos desde la Secretaría de Igualdad con los Cuerpos y Fuerzas de seguridad, éstos se mostraban perplejos ante las dudas de las víctimas mientras se redactaba un atestado, o cuando renunciaban a la orden de protección, excelente medida de seguridad de la ley 27/2003. Y, sin embargo, esas conductas solo se explican si conocemos cómo responde la víctima ante la violencia. Pensemos en las posibles reacciones ante los conflictos: o bien se huye, se produce un enfrentamiento, o se denuncia la agresión sufrida. Pero ninguna de estas opciones son las habituales en el ámbito de la violencia que los hombres ejercen sobre las mujeres en su pareja: lejos de escapar, la víctima aspira a cambiar su relación. Rehabilitará al agresor para, en cambio, someterse a un riguroso examen sobre el grado de cumplimiento de su rol de género, es decir, si ha sido una buena esposa, o una buena novia. Será capaz de sostener un pacto de silencio de tal envergadura que volverá clandestinas las agresiones ante sus familiares o allegados, quienes desorientados acuden al teléfono de emergencia —016— en un 22% del total de las llamadas. Incluso con lesiones, llegará a encubrir el maltrato en las consultas de atención primaria. Un dilema deontológico para los Colegios de Médicos, lo que dio origen a un Protocolo capaz de identificar la violencia, al margen del testimonio de la paciente.
En la nueva reforma penal, fue controvertido estipular que nuevos tipos penales, las amenazas leves y coacciones leves, eran constitutivos más sancionadas cuando fuera un hombre quien los cometiera sobre una mujer y no a la inversa.
Pero los terapeutas informaron que el mayor obstáculo para los agresores estriba en reconocerse responsables de cometer un delito. La ley estableció para ellos trabajos en beneficio de la comunidad, medida que las Administraciones locales, diez años después, aplica de manera desigual.
Se echa en falta igualmente una adecuada evaluación de la ley, cuyos resultados deberían ser el contenido de un pacto de Estado. Mientras, asistimos a un incremento del 153% de los sobreseimientos en los últimos dos años, ante lo cual resulta urgente corregir el insignificante número de unidades de valoración forense, que solo son 10 en todo el territorio, o 26 los equipos psicosociales.
Soledad Murillo considera que ésta es la verdadera debilidad de la ley: su falta de presupuesto y no por motivos de austeridad, sino por subestimación del problema.
Soledad Murillo, socióloga, fue secretaria general de Políticas de Igualdad entre 2004 y 2008.

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Fernando Azor - Psicología

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