La violencia de género y la protección policial a las víctimas

La pretensión de este artículo es clarificar determinados conceptos con el fin de ser útiles a nuestros vecinos y vecinas de Tres Cantos.

 

 

La pretensión de este artículo es clarificar determinados conceptos con el fin de ser útiles a nuestros vecinos y vecinas de Tres Cantos.

 

El recorrido que nuestro país ha realizado en estos últimos años en materia de protección de las víctimas de la violencia de género y familiar ha sido espectacular. Tanto es así que nos encontramos, afortunadamente, a la cabeza de las mejores legislaciones europeas en este campo.

 

Como muchos y muchas profesionales saben (lingüistas y todos los que trabajan en el ámbito de lo social), las palabras no solamente describen un entorno para los hablantes, sino que configuran el entorno para esos hablantes y su interpretación de la realidad. Con ello queremos recordar la importancia que tiene refererinos a las cosas o conceptos con unas palabras u otras, en función de qué queremos resaltar, minimizar u ocultar. Y sobre las palabras dichas y escritas es sobre lo vamos a comenzar a analizar: la normativa española, su aplicación a víctimas y agresores y el papel de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad..

 

Varios momentos han sido trascendentales en nuestra transición mental (imaginario colectivo) y que después han tenido una materialización legal:

 

Primero: El momento en el que se modificó el concepto de cómo o en qué casos se podía perseguir penalmente esta tipología de delitos. Así, se pasó del concepto de DELITO PRIVADO (donde era imprescindibe la denuncia de la propia víctima, porque la cultura social daba el que “lo que ocurre de puertas de casa para dentro es cuestión solamente de la familia”), hacia el concepto de catalogación de DELITO PÚBLICO (donde cualquier persona que tenga conocimiento de este tipo de hechos está facultado para denunciarlos, y por supuesto y OBLIGATORIAMENTE las fuerzas policiales), porque se considera que no solamente se debe defender a una víctima concreta y particular cuando ella lo pida, sino que la sociedad (otras posibles futuras víctimas) debe protegerse de este tipo de delincuentes, y por ello la decisión no debe quedarse con la voluntariedad o no de una de las víctimas.

 

Además se encontraba el hecho de que, cuando estos delitos eran tratados como DELITOS PRIVADOS, se dejaba a la valentía de la víctima el denunciar el hecho (víctima que convivía con el delincuente y ante sus más que probables represalias). Ahora no es, o no tiene por qué ser, la víctima quien denuncia al maltratador, sino que la POLICIA puede y debe denunciar directamente al maltratador, al margen de que la víctima lo haga o no, dado que estos delitos son DELITOS PÚBLICOS, nos afectan a toda la sociedad.

 

Segundo: El momento en el que se modificó el concepto de gravedad, es decir, cuando el maltrato, aún sin lesiones graves, debía ser tratado, no como algo “leve” (y por tanto con poco catigo o recriminación penal), sino como algo “siempre grave”, porque la víctima es muy vulnerable y además convive con el agresor, en muchos casos bajo el mismo techo (donde la escaptoria del delincuente resulta muy difícil).

 

Por desgracia han tenido que producirse muchas muertes o lesiones de mujeres como para que la generalidad de la ciudadanía (y sus representantes), se concienciara de esta gravedad e indefensión, y no fue hasta el asesinato de Ana Orantes, el 17 de diciembre de 1997, cuando nuestro legislativo comenzó a tomarse en serio este tipo de delitos.

 

Hablamos que estas modificaciones se producen principalmente desde 1995 hasta el año 2004.

 

Así pues, todas las infracciones penales en el ámbito de la violencia de género, pasaron de poder ser calificadas como leves o graves, a siempre como graves: las amenazas, las coacciones, el maltrato psicológico y por supuesto cualquier tipo de agresión física (aunque fuere leve).

 

Esto conlleva que las fuerzas policiales deben proceder obligatoriamente, de oficio (“motu propio”) a la detención del presunto autor, cuando existieren indicios racionales de que se ha producido alguno de estos delitos, cumpliendo así el mandato constitucional de que “Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y organizar la seguridad ciudadana (artículo 104).

 

A partir de la detención del presunto autor, la autoridad judicial se pronunciará sobre las posibles medidas cautelares o provisionales, incluso antes de celebrarse un juicio definitivo (orden de alejamiento entre víctima y agresor, prohibición de comunicación entre ellos, situación en la que queda la familia -quién se queda con la custodia de los hijos e hijas, el disfrute de la vivienda-, etc.).

 

Confiamos como colectivo de servidores públicos, como policías, contribuir con la difusión de este tipo de comunicados, a que las víctimas conozcan un poco mejor sus derechos, y a que conozcan también nuestro papel social en defensa de ellas.

 

 

 

Policía Local
Área de Seguridad Ciudadana

 

 

 

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Fernando Azor - Psicología

Felipe Gallego

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