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ERASE UNA VEZ EL TAGARRAL

Cualquiera que se haya interesado por los asuntos municipales en los 25 años que llevamos como municipio indepediente, ha podido comprobar el efecto Guadiana de este asunto, la finca del Tagarral.

Coincidiendo con comunicaciones oficiales, convocatorias electorales, o  inciativas de otras administraciones, se ha reactivado el tema y cernido sobre nosotros, en numerosas ocasiones, la máldita sentencia que nos obligaba solidariamente con el Ayuntamiento de Colmenar Viejo y la Comunidad de Madrid ha pagar los más de 62 millones acumulados los intereses.

Es cierto que este Ayuntamiento, nunca se lo ha tomado muy en serio, como se ha manifestado en la actuación reciente del Alcalde, creyendo siempre que era una pelota a la que sólo habría que darle la patada hacia adeltante para poder zafarse de ella. Por eso, ni la documentación, ni las comunicaciones han formado parte nunca de un expediente completo.

En esta ocasión, ha sido la Comunidad, fruto de su actuación unilateral y no consensuada, ni siquiera avisada, al abonar la sentencia, la que con su petición de abono de “nuestros 21 millones” ha vuelto a poner la maquinaria en marcha.

Cuál ha sido nuestra sopresa en esta ocasión, cuando encontramos un panorama muy diferente al que había hace cuatro, cuando todos los grupos teníamos claro que lo que había que hacer era, ni recalificar, ni pagar. No porque no fuésemos solidarios, o responsables sino, precisamente porque cuando se inició el litigio: ni éramos Ayuntamiento, ni tomamos la decisión del cambio de uso del suelo como sí hizo Colmenar, ni la decisión final como tomó la Comunidad de Madrid refrendando el cambio de uso, evitando urbanizar en la zona cuando esa había sido la intención inicial y la que produjo la vulneración de los derechos.

Con esas condiciones, nosotros podemos entender que al ser propietarios del suelo privados, en los juzgados se intentase asegurar el pago condenando solidariamente a las tres Admisnitraciones, pero de ahí a asumir esa responsabilidad hay un largo trecho.

Últimamente hemos podido comprobar cómo las posiciones han cambiado preocupantemente, el gobierno actual inició los trámites para recalificar el suelo y que pudiesen construir, algo que con el pago por parte de la Comunidad de Madrid se paralizó y ahora que es la acreedora ésta y que estamos en la mejor de las situaciones para defender nuestros intereseses, los partidos de Ganemos y PSOE proponen sentarse a negociar la cantidad, dando por hecho que quieren pagar. Algo inexplicable.

En el documento de segregación, el cuál parece que sólo hemos consultado nosotros, alude expresamente a que cualquier cuestión en conflicto se podrá dirimir por la Administración Central, vía que hasta el momento no se ha utilizado. El proceso se inicia antes de 1987 y el documento oficial habla de las cuestiones  no recogidas en él y que aparezcan con posterioridad sobrevenidas se tratarán con arreglo a la ubicación territorial, en este caso está claro que una de las dos condiciones no se cumple, por lo tanto nuestra responsabilidad brilla por su ausencia y qué menos entonces que defender nuestros derechos, allá donde podamos.

Mientras otros tratan de recalificar para allanar el terreno a gobiernos de su “cuerda” y otros reprueban, piden dimisiones y gritan. Nosotros trabajamos, exigimos y proponemos.
Estamos seguros de que unidos y firmes conseguiremos más que dramatizando la situación.

Aruca Gómez

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